Esta
exigencia incluye no sólo a la ley de Registro civil sino también a la parte de
la ley de jurisdicción voluntaria que sustrae competencias del Registro civil
en favor de otros funcionarios como los notarios.
CSIF, sindicato mayoritario en el sector de
Justicia, exige al nuevo Ministro Rafael Catalá que demuestre con hechos ese
talante de diálogo y retire este proyecto.
La entrega del Registro civil a los Registradores se
fundamenta en falsedades sobre el funcionamiento del Registro civil y va a suponer
un despilfarro económico y de recursos humanos impropio de un gobierno que nos
viene sermoneando con la austeridad durante toda la legislatura.
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