Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales. Así, cuando un juzgado supere el máximo de la carga de trabajo prevista, con la finalidad de evitar retrasos y demoras, se repartirán los asuntos a otros próximos con carga inferior.
CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para pedir más información sobre este proyecto que puede afectar gravemente a nuestras condiciones de trabajo. Según hemos podido saber, se trata de una idea que no es definitiva. Desde CSIF creemos que esta "idea" tiene varios problemas el primero de ellos de orden constitucional por cuanto, este reparto provincial puede suponer una alteración del Juez natural determinado por la ley, un derecho fundamental de los ciudadanos ante la Justicia.
Por otro lado, sin una estadística fiable no se puede hablar de sobrecarga. Es más, tras la anulación por sentencia del Supremo a instancias del Ministerio de Justicia, de los módulos que sirvieron al CGPJ para elaborar su informe sobre los Juzgados con más del 150% de cargas de trabajo, la pregunta que nos hacemos es ¿quién determina estas cargas?, ¿en función de qué criterios? y si no debería haber un poco más de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ en esta materia tal y como, por cierto, establece la normativa vigente.
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