"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

martes, 9 de diciembre de 2014

PLAN DE FORMACIÓN 2015 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CANTABRIA


Dicho plan se convocará en el BOC alrededor del 15 de enero y los cursos se iniciarán a partir del mes de abril, distribuidos en dos periodos (de abril a junio y de septiembre a diciembre).



El pasado viernes la Administración nos dio traslado de la documentación relativa al plan de formación del año que viene que se centrará en el uso del programa Vereda y en cuestiones de Administración electrónica al no haber reformas procesales profundas a la vista. No obstante, CSIF ha solicitado que se prevea la posibilidad de realizar algunas ediciones extra para utilizarla en el caso de que se produjera alguna reforma procesal de entidad o en caso, de demanda extraordinaria, se pudieran realizar algunas ediciones más de los cursos ofertados. 

CSIF DENUNCIA QUE TRAS LA REFORMA DE LA LECR SE OCULTAN MÁS RECORTES A LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

Se trata de una reforma hecha de cara a la galería que no aborda los problemas reales de la instrucción penal y no reconoce la necesidad evidente de medios personales y materiales

 Así se lo hemos hecho constar en un informe al Ministerio de Justicia sobre la repercusión de la modificación aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 5 de diciembre en  las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia. Una modificación que se ha realizado sin contar con  la opinión de los funcionarios que algo sabrán aunque sea porque tramitan a diario miles de asuntos en los Juzgados de instrucción. Una reforma que parte de presupuestos objetivamente falsos (como que existe una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada) y que, no van a suponer una mejora en la prestación del servicio pues no se acometen los verdaderos problemas de la instrucción penal. 


Catalá debe ampliar las plantillas de funcionarios y solucionar el caos informático para agilizar la Justicia


carga juzgados


Mientras su Ministerio es incapaz de sacar adelante una OPE decente para 2015, Catalá se saca de la chistera la limitación de la instrucción como solución para la Justicia ajeno como parece a la realidad, triste realidad de la misma. 
El ministro de Justicia debe ampliar las plantillas de funcionarios y solucionar el caos informático si pretende acortar en la instrucción de las causas penales y en general en el conjunto de esta administración. Si no se ponen medios suficientes, la reforma que aprueba hoy el Gobierno será únicamente un brindis al sol.

Desde CSIFdenunciamos que ya llevamos cuatro años sin una oferta de empleo público decente en la Administración de Justicia. Además existe un grado de temporalidad en todos los cuerpos del 30% llegando en algunos casos a superar ampliamente el 50%.

Pese a esta situación alarmante el Ministerio de Justicia es incapaz de sacar adelante una oferta de empleo público decente para el año 2015, ni siquiera para poder articular el plan de reducción de temporalidad a cuatro años que le hemos planteado recientemente desde CSIF. Esta oferta de empleo público, además no supondría incremento de gasto alguno puesto que todas las plazas a ofertar están siendo ocupadas por interinos, es decir, se están presupuestando y pagando en la actualidad.

Por otra parte, sin arreglar el caos informático no se puede hablar de cambios legales, acortamientos voluntaristas de plazos, repartos provinciales, ni de cambios organizativos como la oficina judicial. 
CSIFha denunciado públicamente a través de un informe lo siguiente:
  • Las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia son obsoletas, no sirven, están descatalogadas y el fabricante ya no da soporte técnico desde hace más de 10 años.
  • La ausencia de interconexión entre las ocho plataformas de gestión procesal que en la actualidad se utilizan en el propio Ministerio y varias CCAA con traspasos de competencias en Justicia.
  • La ausencia de integración de los programas de gestión procesal con los registros de ayuda a la actividad jurisdiccional entre los que están los de condenas firmes y no firmes,  violencia sobre la mujer, requisitoriados etc… y la ausencia total de interconexión informática entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los Juzgados.
Estamos preparando un informe sobre la reforma de la LECr que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que afectará gravemente a nuestras condiciones de trabajo. 


CONSTITUIDO EL CONSEJO MÉDICO FORENSE


FORENSES


Tras las elecciones celebradas hace unos días entre los Médicos Forenses de toda España quedó constituido este órgano que proporcionará asesoramiento y orientación científica en materia pericial tanto a las administraciones y organismos públicos como a los médicos forenses, materializa una reivindicación del colectivo médico forense, que ya figuraba en el Libro Blanco de la Medicina Forense publicado en 1988.
 
Entre sus funciones se incluye la coordinación entre todos los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), así como con otros organismos internacionales, para mejorar la calidad de la pericia que se presta a los tribunales.

Enlace relacionado:

Constitución del grupo de trabajo sobre LOPJ... sin propuesta de la Administración/ OPE 2015

El Ministerio sigue manteniendo su compromiso e incorporará punto por punto el contenido del preacuerdo firmado en el mes de junio con CSIF, y que, como ya os hemos informado supuso el mantenimiento de los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz así como de los destinos municipales y evitando la movilidad forzosa fuera de los mismos frente a las intenciones del equipo de Gallardón.

Según nos transmitieron los representantes de la Administración, el nuevo Ministro Catalá quiere presentar el texto de LOPJ al Consejo de Ministros la semana que viene o la siguiente y, además, quiere mantener la negociación abierta hasta la finalización del trámite parlamentario de la ley por lo que es intención de convocar este grupo de trabajo de forma periódica.  
OPE 2015: Se nos informa que no hay más novedad que la enmienda presentada por el grupo popular pero que, siendo optimistas, aún no pueden asegurar nada. CSIF denunció que el Ministro Catalá el jueves dijera que no hacía falta más personal cuando la realidad es bien diferente y cuando la situación de pésima precariedad es una realidad que ni siquiera se niega desde el Ministerio. 
Accede al documento adjunto.

Catalá adelanta en el Senado algunas de las novedades de la reforma de la LOPJ

Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales. Así, cuando un juzgado supere el máximo de la carga de trabajo prevista, con la finalidad de evitar retrasos y demoras, se repartirán los asuntos a otros próximos con carga inferior.

CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para pedir más información sobre este proyecto que puede afectar gravemente a nuestras condiciones de trabajo. Según hemos podido saber, se trata de una idea que no es definitiva. Desde CSIF creemos que esta "idea" tiene varios problemas el primero de ellos de orden constitucional por cuanto, este reparto provincial puede suponer una alteración del Juez natural determinado por la ley, un derecho fundamental de los ciudadanos ante la Justicia. 

Por otro lado, sin una estadística fiable no se puede hablar de sobrecarga. Es más, tras la anulación por sentencia del Supremo a instancias del Ministerio de Justicia, de los módulos que sirvieron al CGPJ para elaborar su informe sobre los Juzgados con más del 150% de cargas de trabajo, la pregunta que nos hacemos es ¿quién determina estas cargas?, ¿en función de qué criterios? y si no debería haber un poco más de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ en esta materia tal y como, por cierto, establece la normativa vigente. 




Nombramiento funcionarios del Cuerpo de Gestión OPE 2013

Orden JUS/2246/2014, de 19 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.


Más noticias sobre oposiciones en www.justiciaoposiciones.blogspot.com 

MODIFICADOS LOS LÍMITES PRESUPUESTARIOS PARA INVERTIR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir la contratación de diversos proyectos de inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías adscrita a la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene atribuidas las funciones de planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de juzgados y tribunales, así como del Ministerio Fiscal y de los registros de apoyo a la actividad judicial.
En ese ámbito, se ha justificado la necesidad de iniciar durante el presente ejercicio 2014 la ejecución de distintos expedientes de contratación de inversiones, con cargo a ejercicios futuros, relacionados con proyectos ya suscritos por parte del Ministerio de Justicia; proyectos de nuevas tecnologías para la Administración de Justicia que van a suponer en ese año un total de 51,2 millones de euros, 16 millones más que en el año 2014. Es decir, los Presupuestos de 2015 cuentan con un incremento del 41 por 100 para nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. (ver más en el enlace adjunto)

Desde CSIF valoramos positivamente esta ampliación presupuestaria aunque es insuficiente para atender a los graves problemas de las TIC en Justicia y cuya solución sólo puede pasar por un cambio del concepto con el que se está planteando en estos momentos este proceso de modernización tecnológica.

Por otro lado, desde CSIF mostramos nuestros reparos ante la presencia de una encomienda a ISDEFE la empresa de Sistemas para la Defensa de España pues no comprendemos muy bien qué tiene que ver la seguridad nacional en todo ésto.  El Consejo de Estado ya manifestó sus reparos a que esta empresa participara en la adjudicación del contrato de la plataforma digital del Registro civil por cuanto no se garantiza ni la publicidad, ni la libre concurrencia ni tampoco que sea la mejor oferta la que salga ganadora dado el amplio margen de discrecionalidad en la decisión.