Al igual que hemos hecho en el resto de CCAA con traspasos CSIF ha exigido, en primer lugar, que defiendan un Registro civil público gestionado por funcionarios de justicia y, en segundo lugar, que en todo caso se garantice públicamente el 100% de los puestos de trabajo en las plantillas de la Administración de Justicia en caso de que se cierren los Registros civiles actuales. En caso de no hacerlo se le advierte de la convocatoria de movilizaciones en la Comunidad autónoma.
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