"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

miércoles, 25 de enero de 2012

Explicaciones de la Consejera sobre los cambios en la seguridad

CSI-F no admite la pretensión de la Consejería de hacer responsables de esta medida a los funcionarios de la supresión de la vigilancia por las tardes en Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Calle del Sol y Valliciergo.  

Dicen que la decisión está tomada y que ahora debemos aportar soluciones aunque, adelantan, todo se reduce a dos opciones:

O bien, los funcionarios afectados destinados en las citadas sedes asumen  la responsabilidad de  recibir unas llaves, de asegurarse de que todo queda cerrado en el Juzgado y de encender y apagar las alarmas para acceder o salir de la sede judicial a partir de las 16:00 horas con todo lo que conlleva esta decisión en caso de que ocurra algo en el edificio; o bien,  todos los funcionarios de Cantabria verían suprimidos sus derechos de flexibilidad horaria.

Se nos ha insistido en que nos manifestáramos por una de estas opciones y, como es evidente, CSI-F no ha aceptado este chantaje ya que la decisión corresponde a la Administración que, además, tiene la obligación de negociar en mesa todas estas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios.(sigue leyendo -->)



 Y es que es éste "el meollo de la cuestión", de ésta y de otras decisiones como la derogación unilateral de la regulación de las comisiones de servicio, que se están tomando  despreciando a los funcionarios de justicia y a los mecanismos que la ley establece para negociar las condiciones de trabajo y las modificaciones que la Administración pretenda.

No aceptamos las explicaciones de la Consejería para justificar su decisión y que se centran en que, según, ellos son decisiones críticas que se tienen que tomar de forma urgente debido a la situación económica. Falso. La situación económica es muy mala desde hace ya un tiempo por lo que no podemos hablar de urgencia pero es que además, según consta a CSI-F, esta medida se viene considerando en la Consejería desde, por lo menos la segunda semana de diciembre. Tiempo ha habido, más que suficiente,  para convocar la correspondiente mesa de negociación y haber hablado no sólo del ahorro que supone la medida (unos 200.000 euros al año según nos dicen) sino también de los problemas que hay que salvar para que la medida afecte lo menos posible a los derechos de los funcionarios, a sus condiciones de trabajo  y a las medidas de seguridad en el trabajo que establece la ley. Pero no ha sido así. Se tomó la decisión unilateralmente con desconocimiento absoluto de la realidad de sus consecuencias y, ahora, se pretende que asumamos todos la responsabilidad.

En más de una ocasión CSI-F ha defendido y exigido la participación de los funcionarios de justicia en las decisiones que afectan a sus condiciones de trabajo y a la organización de la Administración de Justicia. En tiempos como los que nos toca vivir, creemos que esta participación es más necesaria si cabe y que despreciarla es sencilla y llanamente un gravísimo error.

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